El Gobierno de Ecuador dio un nuevo paso en su política de seguridad al autorizar mecanismos de cooperación internacional para reforzar la lucha contra las organizaciones criminales que operan en el país, en medio del recrudecimiento de la violencia vinculada al narcotráfico y al crimen organizado.
La medida quedó formalizada mediante el Decreto Ejecutivo 424, firmado por el presidente Daniel Noboa, quien ratificó la vigencia del denominado «conflicto armado interno» y anunció la posibilidad de que efectivos de países aliados participen en acciones conjuntas de apoyo en las zonas más afectadas por la inseguridad.
Según explicó el mandatario, los acuerdos alcanzados permitirán que personal militar extranjero colabore con el Bloque de Seguridad, integrado por las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como parte de una estrategia destinada a fortalecer la capacidad operativa del Estado frente a las estructuras criminales.
«Desde hoy, los narcoterroristas enfrentarán a un Ecuador más fuerte, más preparado y que ya no pelea solo», afirmó Noboa en un mensaje difundido a través de redes sociales.
Aunque el Gobierno no precisó cuáles serán los países que participarán en esta cooperación, el presidente señaló que la decisión es el resultado de varios meses de trabajo diplomático y de coordinación en materia de seguridad.
El decreto sostiene que en Ecuador persiste la actividad de grupos que representan una amenaza para la paz social, la seguridad ciudadana y la soberanía nacional, por lo que considera necesario ampliar los mecanismos de apoyo para enfrentar este fenómeno.
La decisión se produce en un contexto marcado por el incremento de homicidios, secuestros extorsivos, atentados y otros delitos asociados al crimen organizado, una situación que ha mantenido bajo presión a las autoridades y ha generado preocupación entre la población.
Como parte de las medidas adoptadas recientemente, el Ejecutivo decretó un nuevo estado de excepción por 60 días en diez provincias y tres cantones, argumentando la existencia de una grave conmoción interna derivada de la escalada de violencia.
De acuerdo con cifras oficiales, en las jurisdicciones incluidas en la medida se registraron 879 homicidios entre el 1 de mayo y el 12 de junio, reflejando la magnitud del desafío que enfrenta el país en materia de seguridad.
La apertura a una mayor cooperación internacional marca un nuevo capítulo en la estrategia impulsada por el Gobierno ecuatoriano, que busca ampliar sus capacidades para contener el avance de las organizaciones criminales y recuperar el control de los territorios más afectados por la violencia.
