La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) advirtió que la suspensión injustificada del servicio de transporte público terrestre constituye una infracción administrativa muy grave y puede derivar en sanciones para las operadoras y conductores.
El pronunciamiento se produjo luego de que circularan mensajes sobre una posible paralización del transporte intra e interprovincial desde las 00:00 del viernes 3 de julio de 2026. Según reportes de prensa, la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (Fenacotip) habría planteado la medida debido a la situación económica del sector.
Entre los pedidos del gremio constan la revisión de las tarifas, el pago de compensaciones relacionadas con la eliminación del subsidio al diésel y acciones contra el transporte informal. Los transportistas sostienen que los costos de operación han aumentado y que los ingresos actuales no permitirían cubrir el funcionamiento del servicio.
La ANT recordó que, de comprobarse una suspensión sin causa legalmente justificada, podrían aplicarse multas equivalentes a ocho remuneraciones básicas unificadas, intervención temporal de operadoras, suspensión de rutas o unidades, revisión técnica extraordinaria, reevaluación de conductores e incluso la reversión de rutas, frecuencias o permisos de operación.
La entidad señaló que cualquier procedimiento administrativo deberá respetar el debido proceso y el derecho a la defensa de las operadoras involucradas. Hasta el cierre de la información citada, no existía una confirmación oficial definitiva sobre una paralización nacional del servicio.
La posible medida genera expectativa entre los usuarios del transporte público, especialmente en terminales terrestres y rutas interprovinciales, por las afectaciones que podría causar en la movilidad nacional durante la jornada.
